Shaila Rosagel - Sin Embargo
A las desarrolladoras –como Grupo Higa y Obrascón Huarte Lain (OHL), que han sido ligadas a actos de corrupción y de conflicto de interés con el Gobierno federal– se les debe dejar fuera del proceso de reconstrucción de la entidades afectadas por el sismo. No deben recibir dinero de las donaciones y los fondos para desastres, dijeron legisladores federales, locales y sociedad civil en entrevista con SinEmbargo.
Las inmobiliarias involucradas en edificios colapsos o con daños estructurales que los dejaron inservibles, deben probar que lo sucedido no ocurrió por fallas en la edificación, agregaron; mientras que el Gobierno debe transparentar todo el proceso de reconstrucción, desde los recursos, censos, hasta las licitaciones.
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