- Sin fiscal anticorrupción, de delitos electorales ni procurador general y con el debate sobre la fiscalía general, contaminado por los intereses políticos, el país afronta una crisis del Estado de derecho sin precedentes
Javier Lafuente - México - El País
El diagnóstico no deja lugar a dudas. México atraviesa por una de las peores crisis de derechos humanos de su historia; está a punto de romper este año todos los récords de asesinatos y las acusaciones de corrupción caminan de la mano de la impunidad por un sendero que parece no tener fin. Todo ello en vísperas de unas elecciones presidenciales cruciales para el devenir del país. El consenso entre los especialistas es abrumador: la única forma de salvar al enfermo es con instituciones sólidas. La realidad sobre el tratamiento es desoladora: las tres fiscalías que podrían combatir estos problemas están descabezadas y la discusión sobre la futura fiscalía general, entrampada en la grilla política.
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