El Congreso local gastó cerca de 3 millones de pesos en liquidar a 51 empleados, de los cuales algunos tendrán que ser nuevamente contratados porque ganaron una demanda laboral.
A la par, hay otros 40 trabajadores que no recibieron liquidación pero igualmente podrían ser reubicados en sus puestos, debido a que se negaron a firmar la "renuncia voluntaria" que les forzaban rubricar a cambio de pagarles la liquidación correspondiente.
El personal despedido reprochó que a la llegada de la nueva Legislatura, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández Hernández dijo que no habría despidos, posteriormente señaló que habría una auditoría para determinar la viabilidad de cada puesto pero aseguraron que no hubo tal auditoría y sí hubo despidos.
También acusaron que los aviadores y altos sueldos de algunas secretarias o del propio dirigente sindical permanecieron intactos. De igual forma, se les dijo que se pretendía adelgazar la nómina, pero sus lugares fueron ocupados por gente afín al PAN, Morena y al propio PRI.
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