El desbordamiento del desempleo
en el primer trimestre de este año, con 6.220.700 parados en España, coloca al
Gobierno en una posición crítica. No se trata solo de la magnitud estadística,
alarmante y descorazonadora —237.400 parados más en el trimestre, 1,9 millones
de hogares sin un solo miembro en activo, una tasa de paro entre los jóvenes de
más del 57%—, sino de que en algún momento, y pronto, el Ejecutivo tendrá que
declarar la bancarrota de una política económica incapaz de frenar el
agravamiento de la recesión y el principal problema asociado a ella, el
desempleo. El paro rompe la cohesión social, impide, como una inversión
perversa de causa y efecto, que se recuperen el consumo y la inversión,
destruye la estabilidad (más de 384.500 puestos de trabajo fijos se han
evaporado en los últimos 12 meses) y causa fenómenos de regresión desconocidos
hasta ahora, como un reagrupamiento de los hogares (han desaparecido más de
15.000 en el primer trimestre y más de 25.000 en el anterior) en torno a padres
y abuelos para evitar la pobreza extrema.
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