El envejecimiento de la población y la caída de las cotizaciones obligan a reformar el sistema público de forma urgente. Ni el crecimiento esperado ni el aumento de la productividad garantizan su sostenibilidad
Guillermo de la Dehesa / El País
Muchos ciudadanos están hoy preocupados por el futuro de sus pensiones
por dos razones: a medio plazo, por la caída creciente del número de
cotizantes y el aumento del número de beneficiarios. Por un lado, el
número de afiliados a la Seguridad Social alcanzó su máximo histórico en
2007, con 19,4 millones cayendo en 2012 a 16,1 millones, una caída de
3,3 millones en cinco años. Por otro, a finales de 2012, la tasa de los
beneficiarios de prestaciones de desempleo alcanzó 2,8 millones, de los
que 1,3 millones recibían una prestación contributiva, 1,1 millones un
subsidio de desempleo y 0,4 millones una renta activa de reinserción de
426 euros. En 2012, el número de cotizantes en proporción del número de
pensiones que se han abonado (y no de pensionistas, ya que hay un millón
de beneficiarios que cobran más de una pensión) era 1,9.
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