Carlos Ramírez - El Independiente
Aunque el debate sobre la producción y consumo de drogas está llevando a los dimes y diretes de que, si primero fue el huevo de los cárteles o la gallina de los adictos, el teorema del narcotráfico en México se debe asumir desde el punto de vista nacional y no culpar a quienes demandan droga.
Y ahí han comenzado a emerger en medio de los jaloneos presidenciales algunos datos que debieran preocupar a las autoridades mexicanas: si el secuestro de Ismael El Mayo Zambada detonó la guerra civil entre las facciones de los mayitos y los chapitos dentro del Cártel de Sinaloa y estalló la violencia criminal que no tiene control, entonces se está reconociendo a nivel oficial que el gobernador Rubén Rocha Moya era muy incompetente y tuvo que entregarle el poder político del Estado al capo de capos que se quedó al frente del Cártel del Chapo.
Con este enfoque que se desprende de las últimas declaraciones gubernamentales mexicanas la situación se acerca a uno de los temas más delicados porque pudiera decirse que se está reconociendo a nivel gubernamental: la gobernanza criminal, es decir, la incapacidad de las autoridades políticos y administrativas para mantener la gobernabilidad en una entidad conflictiva y la entrega de los hilos del poder político a los capos que no son funcionarios ni políticos sino que se han dedicado a producir droga y venderla con actitudes criminales que violan todas las leyes.
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