Sergio Aguayo - El Siglo de Torreón
¿Por qué aceptó la tecnológica Meta llegar al acuerdo judicial más oneroso de la historia? Y en ese tenor, ¿por qué nuestros gobernantes evaden la obligación de atender de inmediato los daños causados por las plataformas tecnológicas a nuestra niñez y juventud? ¿Hay algo que pueda hacer la ciudadanía? Hace un mes Meta firmó un acuerdo con 51 fiscalías de Estados Unidos por 17 mil 100 millones de dólares y aceptó realizar ajustes para prevenir la adicción a las redes sociales. Lo hizo porque quería evitarse un juicio que muy probablemente le hubiera costado bastante más dinero y prestigio. Ese temor nacía de la solidez de las pruebas y de la fuerza de una alianza entre familias, OSC y fiscales de los dos partidos.
En 2022 empezó la movilización de familias que protestaban y demandaban a las tecnológicas con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación como el Tech Oversight Project, Avaaz o GI-TOC. Argumentaban que existía una crisis de salud mental entre niños y adolescentes agravada por diseños de plataformas concebidos para generar adicción a las redes sociales.
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