Raymundo Riva Palacio - El Financiero
Estráictamente Personal
Más de un año llevan la presidenta y dos fiscales tratando de evitar que la corrupción en los altos mandos de la Marina, hundidas en el contrabando de combustible, termine de ahogar al exsecretario, el almirante Rafael Ojeda.
Más de un año llevan la presidenta y dos fiscales tratando de evitar que la corrupción en los altos mandos de la Marina, hundidas en el contrabando de combustible, termine de ahogar al exsecretario, el almirante Rafael Ojeda. Y más de un año con desgaste creciente, donde el encubrimiento político asoma una cara de complicidad y su defensa inquebrantable cada vez inculpa más al gobierno de Claudia Sheiunbaum. ¿Por qué la necia protección? La respuesta es simple: Ojeda forma parte del club de apestados, como el senador Adán Augusto López y el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, a quienes la presidenta protege pese a evidencias de su malestar con ellos, para evitar que lleguen a incriminar a Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos Andy y Gonzalo.
El caso Ojeda tiene metido en un pantano al gobierno. No hay una investigación en su contra, lo que es un logro político, aunque jurídicamente no hay forma de exculparlo. El almirante tendría que estar en la cárcel, acusado de complicidad en el contrabando de combustible que operaban sus sobrinos políticos, pero los gobiernos de la ‘4T’ quieren esconder su responsabilidad, e incluso pensaron en ocultar los nombres de sus sobrinos políticos de la investigación del huachicol fiscal. Lo impidió que los nombres los llevaba el secretario de Estado, Marco Rubio, cuando visitó a Sheinbaum el 3 de septiembre del año pasado, y que la operación para purgarlos del caso se frustró porque en X se revelaron los planes.
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