Carlos Ramírez - El Independiente
Las relaciones México-Estados Unidos están entrando en una zona de incertidumbre en donde ninguno de los dos gobiernos da su brazo a torcer: Washington ha llevado a política de Estado con intervención de su congreso la narcopolítica en México o protección de funcionarios a los cárteles de la droga y Palacio Nacional está decidiendo candidaturas para el 2027-2030 en el modelo lopezobradorista de “abrazos, no balazos”.
En ese sentido, la Determinación Presidencial para el año fiscal 2027 respecto de los principales países en el tránsito de drogas o en la producción de drogas ilícitas ha representado una política de Estado de la Casa Blanca y el apoyo de su congreso para en términos directos descertificar a los países que no luchen contra el tráfico de drogas que viene del exterior para responder a las demandas de los más de 50 millones de adictos.
Esta estrategia gubernamental comenzó en 1969 con la decisión del presidente Nixon de cerrar su frontera sur en el continente americano al tránsito de vehículos y de personas para implementar revisiones minuciosas que afectaron las relaciones fronterizas. Sólo que ahora el presidente Trump agregó la narcopolítica, es decir, la percepción gubernamental de que los cárteles del narcotráfico se han fortalecido por el apoyo de las estructuras de gobierno de países productores de estupefacientes.
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