Por: Óscar Flores - El Economista
Para quienes hemos transitado las últimas dos décadas analizando la gestión del sector salud y la política pública en México, sabemos que las leyes más estrictas en el papel suelen encontrar sus mayores retos al verse enfrentadas con la realidad operativa si son redactadas en el aislamiento. Históricamente, la relación entre el Estado y la industria de insumos para la salud operó bajo una dinámica de confrontación asimétrica: el legislador dictaba la ley sin consultar la viabilidad logística y operativa, mientras que el sector industrial reaccionaba a la defensiva, reduciendo riesgos o intentando maximizar las oportunidades presentadas. El costo de estas diferencias siempre lo terminó pagando el usuario del sistema de salud.
De ahí que, la reciente reunión de trabajo celebrada en la sede de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), que sentó a la misma mesa a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, a CANIFARMA y a las comisiones unidas del sector industrial, no es un evento protocolario menor. Representa una maduración institucional indispensable. Pensar en una Declaratoria Conjunta "Hacia una Política Industrial Farmacéutica en el marco del Plan México" confirma que, por fin, comenzamos a entender la salud pública no como una bolsa de gasto inelástico, sino como un motor de desarrollo geoeconómico que requiere de un pacto de Estado para funcionar.
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