Mario Maldonado - Sonora Presente
La reforma contra la doble nacionalidad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum obligará a quienes aspiren a la Presidencia en 2030 a renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de registrarse. Las elecciones de 2027 quedarán fuera del nuevo requisito, que comenzará a aplicarse a los procesos de 2028. El calendario y las restricciones abren una pregunta sobre sus posibles destinatarios políticos.
El Senado la aprobó con 86 votos a favor y 42 en contra y la envió a los congresos locales. La reforma alcanzará también a quienes busquen una gubernatura o la Jefatura de Gobierno. La justificación de la Presidenta —autora e impulsora de la iniciativa— es garantizar su lealtad a México. Lo que sigue sin explicarse es por qué conservar otra nacionalidad representa un riesgo que desaparece al renunciar a ella, ni por qué ese criterio no se aplica a quienes elaboran las leyes del país.
Por si fuera poco, la reforma —y la contradicción— afecta a varios morenistas. Cecilia Guadiana, senadora de Morena, reconoció su doble nacionalidad. Luis Fernando Salazar admitió tener la española y se dijo dispuesto a renunciar. La diputada morenista Nadia Sepúlveda se ha identificado como naturalizada estadounidense. Sus escaños quedan a salvo porque el oficialismo confía en ellos para legislar, pero les exigirá renunciar a otra nacionalidad si quieren encabezar un gobierno.
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