Las críticas a las fuerzas armadas por la Ley de Seguridad Interior se han dado como si hubiera en curso un golpe de Estado, cuando en realidad ejército y marina sólo quieren regularizar legalmente su participación temporal en acciones que tienen que ver con la seguridad interior, no con la seguridad pública.
Y el dato más revelador tiene que ver con el hecho de que funcionarios, responsables policiacos, observadores críticos y organizaciones civiles nada dicen del fracaso del gobierno federal en la reconstrucción de la estructura de seguridad --copada por el crimen organizado--. Hasta ahora las fuerzas armadas no han exigido la más mínima concesión que los convierta en árbitros o administradores del poder.
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