Cualquier banquero de inversión global interesado en el mercado mexicano lo sabe y lo dice.
Si se trata de financiar a una empresa que participa en una
licitación de un proyecto público de inversión en México, es práctica
común que al costo de financiamiento se le añada un sobrecosto por las
prácticas derivadas de la corrupción o de la ineficiencia del sector
público.
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