Mario Maldonado - Sonora Presente
Un juez federal que aspiró a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió suspensiones que frenaron temporalmente las inhabilitaciones administrativas impuestas a uno de los mayores proveedores de seguridad privada del gobierno federal. Meses después, un tribunal colegiado revocó por unanimidad esas resoluciones al concluir que contravenían una jurisprudencia obligatoria de la Corte. El caso abre interrogantes sobre los alcances de las medidas cautelares cuando están de por medio miles de millones de pesos en contratos públicos.
El protagonista del caso es Gabriel Regis López, titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien participó como candidato en el proceso de elección para integrar el máximo tribunal del país. Dentro del juicio de amparo indirecto 2080/2025 concedió dos suspensiones definitivas solicitadas por Grupo de Seguridad Privada Pryse de México para detener temporalmente la ejecución de las inhabilitaciones administrativas impuestas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, y por el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, que dirige Zoé Robledo.
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