Denise Dresser - Sonora Presente
Ningún gobierno anuncia que quiere censurar. Ningún gobierno anuncia que pretende intimidar periodistas, domesticar medios o estrechar el espacio del debate público. Todos hablan de proteger: proteger a la sociedad, proteger a los ciudadanos, proteger a las audiencias. Esa es precisamente la lógica que recorre los nuevos “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias” elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Leídos superficialmente parecen impecables. Leídos con detenimiento, revelan algo mucho más inquietante: un manual para disciplinar periodistas, una guía para acallar la crítica.
Sobre el papel resulta difícil objetarlos. Establecen que las audiencias tienen derecho a recibir información veraz y oportuna; prohíben la difusión de información falsa, inexacta o descontextualizada; obligan a distinguir entre información y opinión, separar la publicidad del contenido editorial y contar con un Código de Ética y un Defensor de las Audiencias ¿Quien podría estar en contra? Nadie. El problema comienza cuando el Estado mismo pretende convertirse en árbitro de los contenidos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario