Por: Jimena Ortiz - El Economista
En México hay una realidad cuya lectura hace apenas unos meses parecía políticamente inviable: la reforma judicial requiere cambios. Se admite públicamente que el nuevo modelo presenta problemas operativos y riesgos que amenazan la credibilidad del sistema de justicia y, con ello, la confianza en la economía del país como un lugar seguro para las inversiones.
México se aproxima a la revisión del T-MEC en un contexto nacional de desaceleración económica, caída de la inversión y creciente cautela empresarial, así lo reflejan los datos oficiales. Paralelamente, la incertidumbre global representa un desafío suficiente para todas las economías; se percibe en las presiones inflacionarias por la disrupción en las cadenas de suministro que la guerra en Irán está ocasionando. Pero en el caso mexicano existe un elemento adicional: la percepción de debilitamiento institucional merma la certeza jurídica.
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