Mario Maldonado - Sonora Presente
La licencia de Rubén Rocha Moya era inminente. El fin de semana dejó de ser gobernador en funciones y difícilmente volverá a serlo. Es el inicio de una ruta obligada para contener un caso que, si no se procesa con rapidez en México, terminará siendo finiquitado por Estados Unidos. La lógica de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido investigar a fondo y, eventualmente, judicializar el caso, pese a que la Fiscalía General de la República asegura que hasta el momento no hay pruebas “contundentes” e “irrefutables”.
Fuentes de agencias estadounidenses confirman que en el Departamento de Justicia existen expedientes abiertos contra al menos cuatro gobernadores y exgobernadores de Morena con líneas de investigación similares, cuyas carpetas llevan meses alimentándose. Se trata de cruces de información financiera, testimonios y seguimiento de operaciones vinculadas al narcotráfico. El caso de Sinaloa es apenas la primera pieza de una explosiva caja de pandora.
La renuncia de Rocha Moya la pidió la Presidenta. El gobierno federal necesitaba sacarlo de la escena para evitar que el costo político se siguiera acumulando en Morena y en el gobierno de Sheinbaum. La apuesta es ganar tiempo y mandar la señal de que el asunto se atenderá en México. Sin embargo, el margen para controlar el daño es cada vez menor. Si no hay acciones concretas, la temible intervención de Estados Unidos podría materializarse.
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