Carlos Elizondo - El Siglo de Torreón
Si la Fiscalía General de la República hubiera investigado al gobernador Rubén Rocha Moya, habría descubierto más de una ilegalidad. No lo investigó. "Presenten su denuncia", repite Sheinbaum cuando le preguntan por presuntos delitos de algún aliado. Ya la presentó Estados Unidos.
La solicitud de detención provisional con fines de extradición de Rocha Moya incluye la acusación de haber llegado al poder con el apoyo del crimen organizado, algo ampliamente documentado en el 2021 en Sinaloa y en otras entidades, como Michoacán y Sonora. Estados Unidos no está defendiendo la democracia mexicana: le importa la alianza de Rocha con el crimen organizado, sellada antes de llegar a la gubernatura, para introducir drogas y, de acuerdo con el expediente de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, cumplida luego por el gobernador y los otros 9 acusados.
Como dijo Sheinbaum, nunca antes el gobierno de Estados Unidos había solicitado la detención de un gobernador mexicano en funciones. Pero es difícil encontrar uno con tanta evidencia de vínculos con el crimen organizado y un gobierno federal tan tolerante al respecto.
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