- De los inmigrantes chinos al Distrito Sur de Manhattan: la viscosa realidad de un estado donde los cárteles son, en realidad, el brazo del poder político.
Por Jorge Volpi - Periódico am
Sinaloa, otra vez. Por su clima, su posición estratégica entre el mar y la montaña, la inaccesibilidad de sus caminos serranos -e incluso su historia de inmigrantes chinos y la implantación del opio-, el estado norteño lleva un siglo vinculado a la producción y el tráfico de estupefacientes. No es casualidad que de allí haya sido Pedro Avilés y, a continuación, Caro Quintero, Fonseca Carrillo, Félix Gallardo y, por supuesto, El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada, así, como en las generaciones más recientes, los descendientes de uno y otro, Los Mayitos y Los Chapitos, ahora las dos feroces corrientes rivales de lo que seguimos llamando, equívocamente, Cártel de Sinaloa. Porque, allí como en muchas otras partes del país, lo que ha existido siempre ha sido una indisoluble trama entre la industria del narcotráfico y el poder político que la cobija. Por largo tiempo con el PRI y hoy con Morena -en todos sentidos, su herencia inmediata-, Sinaloa es el mejor ejemplo de esta irremediable confluencia.
A nadie ha sorprendido que el actual gobernador, Rubén Rocha Moya, haya sido señalado por sus vínculos con el crimen organizado: no sería, en el fondo, sino el último entre los políticos del estado señalados por sus vínculos con los delincuentes. Y más aún tras el extravagante episodio, que las autoridades aún no han conseguido explicarnos, en el cual estuvo en el centro de la trampa que culminó con la detención en el aeropuerto en Nuevo México de El Mayo Zambada, quien desde ese momento lo responsabilizó de la maniobra. Lo único novedoso, si acaso, ha sido que una corte de Estados Unidos se haya atrevido a exigir su detención estando en funciones: la prueba de que Trump está decidido a acorralar a la presidenta Sheinbaum de todas las maneras posibles justo antes de la renegociación del T-MEC.
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