Carlos Ramírez - El Independiente
El expediente de 34 páginas emitido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York –no “una oficina”– puede ser considerado en lenguaje bélico como una bomba jurídico-política de racimo o como verbos expansivos de estallamiento retardado al corazón no de la soberanía mexicana sino del grupo político de Morena que impuso y defiende al gobernador Rubén Rocha Moya y nueve coacusados.
México tiene todo el derecho de caracterizar como mejor le plazca la lista de cargos que tomó en cuenta la institución clave del sistema jurídico estadounidense del Gran Jurado como paso previo ya para un juicio formal; el Gran Jurado califica las pruebas presentadas por la autoridad como válidas, interroga a fiscales y autoridades y determina si procede o no un juicio formal. Y la solicitud de arresto con fines de extradición fue calificada por el Gran Jurado popular –eje del sistema judicial americano– como suficiente para que se pidiera el arresto con fines de extradición de los diez ya indiciados.
En términos estrictos, México está obligado arrestar a Rocha Moya y nueve coacusados, a remitirlos a una prisión oficial para evitar el riesgo de fuga y a contar con días para examinar minuciosamente el expediente de cargos incluidos en el documento que se titula demandan impactante como “Estados Unidos de América contra” diez ciudadanos mexicanos acusados de proteger actividades de producción de droga, tráfico y lavado dentro de estados unidos.
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