Salvador García Soto - Serpientes y Escaleras
El caso Sinaloa y las acusaciones contra 10 políticos mexicanos de asociación con el narcotráfico, hicieron que ayer el presidente Donald Trump registrara un incremento de tres puntos en su popularidad, según los trackings diarios de la Casa Blanca y medios estadounidenses. Lo que no logró el estrecho de Ormuz y su fallida guerra contra Irán, lo están haciendo las acciones contra la narcopolítica mexicana, por lo que ayer el gobierno de Estados Unidos anunció la liberación de una orden de arresto internacional en contra del gobernador Rubén Rocha Moya y el resto de los acusados, mientras que el Departamento de Justicia ordenó la confiscación de sus bienes.
Y mientras la presidenta Claudia Sheinbaum siguió repitiendo en sus giras del fin de semana su discurso demagógico que equipara la defensa de morenistas con la defensa del país y su soberanía, y el Congreso Nacional de Morena se desmarcaba de los “corruptos” pero ignoraba las acusaciones contra 10 de sus militantes en Sinaloa, fuentes de Washington confirman que el senador morenista Enrique Inzunza, quien ayer anunció que no pediría licencia a su cargo, estaría buscando, a través de sus abogados, negociar con el gobierno de Estados Unidos para convertirse en “testigo protegido”.
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