Por Joan Rega - LFMOpinión
La información económica reciente más relevante dada por Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta Electa, es que “aseguró este miércoles que durante su primer año de gobierno (2025) el déficit fiscal descenderá a 3.5% y que será hasta 2026 cuando impulse los proyectos de infraestructura estratégicos para su gobierno” (https://www.infobae.com/mexico/2024/06/19/sheinbaum-promete-recorte-al-gasto-publico-en-2025-iniciara-sus-obras-estrategicas-hasta-2026/).
Esta declaración tiene dos importantes componentes. El primero es que el incremento de la deuda pública federal, es decir su crecimiento, será menor en 2025 al de 2024, tal como se había ya anunciado en los Pre-Criterios presupuestales, básicamente para 2025 de la SHCP a fines del mes de marzo. Y el segundo, no por demás inusitado, es que será hasta el segundo año de mandato que la futura presidenta impulsará los proyectos estratégicos de su gobierno.
De acuerdo a lo anterior, es evidente el vínculo indisoluble de deuda y gasto que llevará a una disminución de ambos, en lo que técnicamente se denomina “consolidación fiscal”; que no es otra cosa que el saneamiento de la hacienda pública por una crisis soterrada que fue fraguándose a lo largo de los años pasados.
Desde 2019 el presidente de México insistió que no se aumentaría la deuda pública para financiar el elevado gasto de su gobierno. Ello a pesar de la evidencia documental de la propia SHCP del incremento autorizado para ese año de la deuda pública. Ante cuyo aceleramiento anual se continuó insistiendo que las obligaciones públicas anuales no aumentaban.
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