Silvia Ribeiro* - Periódico La Jornada
El 20 de junio pasado, una protesta pacífica de campesinos y campesinas frente a la megafactoría porcícola Granjas Carroll fue baleada y perseguida salvajemente por la policía estatal Fuerza Civil de Veracruz. Dos campesinos jóvenes, los hermanos Jorge y Alberto Cortina Vázquez, fueron asesinados, disparándoles con saña a corta distancia. Dejaron seis niños y niñas huérfanas. Ambos pertenecían al Movimiento en Defensa del Agua en la Cuenca Libres-Oriental, que lucha desde hace años contra la contaminación y el saqueo de agua de esta empresa y otras en la región.
En la semana transcurrida desde entonces, pese a muertos y heridos, los campesinos siguen protestando, volvieron a instalar plantones y cerrar la autopista. Exigen justicia y que se vaya la empresa. Entretanto, el gobierno de Veracruz disolvió la Fuerza Civil como tal, cerró provisoria y parcialmente Granjas Carroll, ofreció algunas escasas reparaciones a las familias y aseguró que las autoridades se reunirían con la organización, pero los dejó plantados. Pese a que parecería que el gobierno estatal está tomando medidas, en realidad, señala el Movimiento, la disolución súbita de la Fuerza Civil hará más difícil sentar responsabilidades y seguir la cadena de mando para dejar en claro quien dio la orden de los ataques.
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