Servidores públicos con posible conflicto de intereses o cuyas trayectorias se cruzan con escándalos de corrupción han sido integrados por el gobierno de la 4T a la conducción o la administración de programas sociales que el presidente Andrés Manuel López Obrador considera prioritarios.
Son los casos de José Genaro Montiel Rangel, funcionario responsable de elaborar contratos que actualmente están bajo investigación y que fueron signados durante la gestión de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, así como de Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro, quien fue director financiero en el capitalino Instituto de la Vivienda, durante la dirección de Raymundo Collins Flores, sobre quien pesan órdenes de aprehensión por presuntos pagos irregulares.
También está el de Karla Paulina Salazar Ramos, actual responsable del programa de becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y cuyo empleo inmediato anterior fue en la Fundación Kybernus, de Ricardo Salinas Pliego, el presidente de Grupo Salinas, cuyo Banco Azteca es uno de los encargados de la dispersión de las ayudas económicas a población en desventaja.
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