- El Gobierno mexicano tendrá que hacer un trabajo que no tenía pensado: convertirse en colaborador obligado de la política antimigratoria estadounidense
El Gobierno mexicano inició el sexenio con anuncios de altas miras políticas. Entre ellos, de forma destacada, la adopción de un nuevo enfoque ante la corriente migratoria, principalmente centroamericana, que cruza nuestro país con rumbo a Estados Unidos. Se ofreció una postura comprensiva y solidaria. Los antecedentes urgían a un cambio: la ola de violencia contra los migrantes a lo largo de la presidencia de Enrique Peña Nieto dejó episodios espeluznantes, como los de San Fernando, Tamaulipas, y también miles de desaparecidos y una tonelada de reportes de maltratos, violaciones, secuestros, extorsiones... En enero pasado y de visita en Chiapas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el Gobierno “ha extendido una mano generosa a esta emergencia y ha aceptado el ingreso ordenado, seguro y regular de miles de migrantes”.
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