Marta Lamas
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El proceso político en contra de Dilma Rousseff se ha tratado de fundamentar en la acusación de que manipuló las cuentas públicas. Según la Constitución brasileña, para destituir a un presidente es necesario que haya cometido un “delito de responsabilidad”. Como este “maquillaje de cifras”, además de ser una costumbre burocrática, no alcanza esa dimensión, lo que esta jugada parece es un intento de golpe de Estado disfrazado de remoción democrática. La semana pasada la Cámara de Diputados ya resolvió en su contra y ahora el pleno del Senado y el presidente del Supremo Tribunal Federal decidirán si Rousseff cometió o no el “crimen de responsabilidad”. Si el Senado ratifica la decisión de los diputados, será reemplazada por el vicepresidente Michel Temer, uno de los instigadores de este golpe y cómplice del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien aceptó el pedido de juicio de destitución por venganza, ya que el Partido de los Trabajadores (PT) apoyó una investigación en su contra en el Comité de Ética de esa Cámara. Hoy Cunha enfrenta un proceso en el Supremo Tribunal Federal por haber ocultado en Suiza 5 millones de dólares, posiblemente de sobornos cobrados a empresarios para facilitarles contratos en Petrobras. A diferencia de la situación de Cunha y otras figuras políticas involucradas en el escándalo de los sobornos y las “comisiones” en Petrobras, no existe ninguna investigación ni denuncia por corrupción en contra de Rousseff.
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