Jordi Vaquer / El País
Armada de sus nuevos
poderes en política económica, la Comisión Europea pone todo su celo en imponer
a los Estados miembros de la UE la estricta prioridad de controlar su déficit
público. Los gobiernos se ven obligados a severos recortes de su gasto para
evitar los procedimientos sancionadores por déficit excesivo impulsados por la
Comisión. La ideología dominante prefiere ignorar los efectos devastadores de
tales recortes sobre la demanda, el empleo y los ingresos por impuestos. La
Comisión, además, sanciona planes que conllevan recortes a principios
democráticos y derechos fundamentales sin contribuir significativamente al
ahorro. Ante la disyuntiva entre democracia y ortodoxia económica, la Comisión
se inclina por la segunda.
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