El riesgo es que se sustituya el sector público empresarial por un sector privado gubernamental
Joaquín Estefanía –Madrid-El País
1.- El caso Güemes (el responsable de Sanidad de la Comunidad
de Madrid que privatizó los laboratorios clínicos que atienden a una parte de
la población, entra como consejero en la empresa que compra uno de esos
laboratorios, cuando la incompatibilidad legal ya ha prescrito) ilustra una vez
más las continuas pasarelas entre el poder político y el poder económico —en
las dos direcciones— en los procesos privatizadores. Conviene hacer balance no
solo de cómo funcionan las empresas y los sectores privatizados (si son más o
menos eficaces que cuando eran públicos, si ha aumentado la competencia, si los
ciudadanos han notado sensibles mejorías en el servicio y en el precio de los
productos que proveen…), sino también en manos de quien se han quedado tales
empresas y sectores. No sea que se sustituya el anterior sector público
empresarial por un sector privado gubernamental, como ha sucedido a veces. Del
monopolio público al oligopolio privado. Antes se privatizó la banca pública (y
ahora, las cajas de ahorros), la energía pública o las telecomunicaciones
públicas, entre otros sectores estratégicos, y ahora se pretende hacer lo mismo
con la sanidad pública y la educación pública, aunque se niegue. En este caso
se quieren quedar hasta con el discurso, aunque no se esmeran ni en aportar los
datos que demostrarían la superioridad de la gestión privada.
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