Julio Máñez / El País
Todo sugiere que el
gobierno de Mariano Rajoy y sus terminales económicas, políticas o mediáticas
está resuelto a legitimar de una vez por todas el finiquito de los hábitos
democráticos y sus representantes sociales a fin de instaurar una dictadura parlamentaria
donde la rapiña institucional pretende instalarse en la impunidad del aquí no
pasa nada (y si pasa, se le saluda) mientras tengamos la mayoría absoluta. A
esa glotona y estremecedora vocación se añade una especie de cándido desdén
sobre las consecuencias de sus despóticas disposiciones, de manera que en cosa
de poco tiempo esta gente ha conseguido enfrentarse abiertamente con colectivos
tan básicos en la estructura social como la sanidad pública o los enseñantes,
buena parte del aparato judicial, de la abogacía, del alumnado en general y el
profesorado en particular, en un repertorio agónico de medidas muy deliberadas
cuyo fin no es otro que el de aprovechar la crisis más o menos generalizada
para imponer una miseria de vida que ni siquiera se disfraza de buenas maneras
para destrozar lo que queda del país. Es el gobierno de la prepotencia y de la
inmisericordia. No le basta con pisotear los derechos de millones de
ciudadanos, tiene, además, que mostrarse odioso para todos. Parece un gobierno
de colegio mayor, si a los colegios mayores se les pudiera atribuir tan letal
desvergüenza en sus despropósitos de ceremonias, por así decir, de bienvenida.
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