Antonio Turrent Fernández*/ la Jornada
Confrontado con el
insostenible déficit alimentario, el gobierno mexicano actual encara la
disyuntiva, heredada del gobierno anterior, de autorizar el cultivo
comercial de maíz transgénico en el norte del país o bien declarar su
moratoria. La autorización sería un gran paso de la industria
multinacional de maíz transgénico –a la que aquí nos referiremos como
la industria– para consolidar su monopolio de la semilla de maíz en México. En apoyo a los intereses de la industria, el gobierno de Calderón decidió ignorar las conclusiones de 235 investigadores de 70 instituciones nacionales coordinadas por la Conabio, sobre la existencia de razas nativas de maíz y de sus parientes silvestres en la totalidad del territorio nacional, así como la
dispersabilidadde los transgenes, por lo que esa autorización legitimaría la contaminación del maíz nativo de México y su apropiación por la industria. Cada semilla contaminada de maíz nativo es potencialmente propiedad de la industria, por la que el usuario habría de pagar regalías. En contra de lo que se proclama, el proceso de contaminación de las razas nativas le conviene a la industria. El camino que el gobierno anterior eligió para abordar el déficit alimentario nacional equivale a concesionar su solución –sin licitación y con evidencias ampliamente objetadas– a la industria, en vez de seguir el camino largo pero constructivo de solución con ahorro, trabajo e inteligencia nacionales.
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