Por: José Nery Pérez Trujillo - El Economista
Una mañana de enero, en una clínica rural de Michoacán, una madre llegó con su hijo de seis años que llevaba días con fiebre alta. El médico sabía exactamente qué necesitaba: un antibiótico de uso común, barato y esencial. Pero al abrir el gabinete de medicamentos, solo encontró estantes vacíos. La madre tuvo que viajar casi dos horas para comprar el fármaco por su cuenta, pagando un precio que representaba más de la mitad de su ingreso semanal. Esa escena, repetida miles de veces en el país, ilustra un problema que no es anecdótico, sino estructural: el desabasto de medicamentos en el sistema público de salud.
El desabasto no es un fenómeno aislado ni reciente. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y organizaciones de monitoreo ciudadano, entre 2019 y 2023 se registraron más de 60 mil reportes de falta de medicamentos en hospitales y clínicas públicas. Además, el Coneval estima que alrededor de 15 millones de personas experimentaron dificultades para acceder a medicamentos gratuitos en el último año. En algunos estados, la disponibilidad de claves esenciales ha caído por debajo del 70%, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda niveles superiores al 90%.
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