Jorge Fernández Menéndez - Sonora Presente
Hay cosas que son indefendibles. Lo de la gobernadora de Baja California es una de ellas. Cada aclaración desde el gobierno federal o de la propia Marina del Pilar la hunde un poco más: las grabaciones que divulgó el periodista Héctor de Mauleón de ella intentando, a como dé lugar, buscar un acuerdo con la justicia de Estados Unidos para resolver sus graves problemas legales y las acusaciones de su relación con los grupos criminales en la entidad, no se debilitan, se fortalecen con los desmentidos.
No es verdad, como se dijo, que la gobernadora no sabía con quién hablaba: estaba hasta negociando dónde reunirse con los funcionarios estadunidenses: le propusieron hacerlo en San Diego y dijo que no, “después de lo que había pasado la última vez”; le dijeron que en el consulado en Tijuana y tampoco quiso por miedo a que la detuvieran y finalmente propuso un hotel. Imposible que no supiera con quién hablaba.
Se dijo que no buscaba un convenio de colaboración, pero en los dos audios es lo único que pide. Se aseguró que no ofreció información, pero eso lo que hace: dice que está dispuesta a “apoyar y cooperar” y pide que los detalles legales y la posible entrevista se lleven a cabo a través de su abogado particular, Michael Nadler, radicado en Miami. Y menciona directamente: “Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”.
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