Por José Elías Romero Apis Hernández*- Dinero en Imagen
La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una promesa para el sistema financiero mexicano. Hoy en día, la IA evalúa el riesgo crediticio de miles de solicitantes, detecta fraudes en tiempo real, automatiza reportes para presentar a los supervisores e inclusive acelera trámites que antes tardaban meses.
Los propios reguladores del sector financiero han reconocido que, expedientes que antes tomaban hasta ocho meses en prepararse, ahora pueden elaborarse en apenas una semana gracias a estas herramientas. El problema no es la falta de adopción, sino que el marco jurídico que debe encausarla avanza, en el mejor de los casos, a un paso distinto del de la tecnología.
UN MOSAICO NORMATIVO, NO UNA LEY DE IA
A diferencia de la Unión Europea, México no cuenta (ni parece que contará en el corto plazo) con una ley general de inteligencia artificial. Lo que existe es un mosaico: la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, lineamientos del Inai sobre decisiones automatizadas y algunos criterios adoptados por las autoridades financieras mediante los cuales se está construyendo un diagnóstico y una postura institucional, pero todavía no han sacado a consulta pública disposiciones con obligaciones exigibles a bancos o fintech específicamente sobre IA.
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