Sergio Aguayo - El Siglo de Torreón
La CNDH de Rosario Piedra Ibarra ha sido irrelevante para defender derechos violados, pero su Recomendación del 2 de julio sobre el caso Ayotzinapa es perversa por la manera como exonera a las Fuerzas Armadas.
Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia en diciembre de 2018 estaba decidido a dar verdad y justicia a las víctimas heredadas y nombró a Alejandro Encinas subsecretario de Gobernación para que supervisara el trabajo de tres comisiones: una para la Guerra Sucia, otra para la búsqueda de personas desaparecidas y la dedicada a Ayotzinapa. Encinas llegó hasta donde lo dejaron.
Rosario Piedra Ibarra fue elegida presidenta de la CNDH en noviembre de 2019 y a las pocas semanas se reunió con las madres y padres de los normalistas desaparecidos. En octubre de 2021 anunció que el organismo revisaría nuevamente los hechos. Le interesaba, supongo, hacerse un lugar en las reuniones entre el presidente y las familias; debe ser humillante ser la ombudswoman nacional porque nunca fue requerida para estar en las 36 reuniones que tuvo López Obrador con las familias, o en las siete que lleva Claudia Sheinbaum.
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