Carlos Ramírez - El Independiente
La falta de sensibilidad y de atención sobre los asuntos públicos por parte del presidente Enrique Peña Nieto permitió que la narrativa de la noche de Ayotzinapa del 26/27 de septiembre de 2014 se desviara mañosamente a tratar de responsabilizar al Ejército de un grave incidente que articulaba el conflicto de la disidencia estudiantil violenta con el narcotráfico y administraciones perredistas.
La recomendación 208VG/2026 de la CNDH, fechada el 2 de julio y liberada el domingo 12, fue muy clara en establecer uno de los principios fundamentales del derecho: la ausencia de elementos probatorios que deben de sustentar cualquier responsabilidad en hechos ilegales.
La conclusión de la CNDH es fundamental porque desmonta la argumentación opositora y disidente, además de los familiares y sus asesores nacionales y extranjeros, de que se había tratado de una acción represiva del Estado mexicano directa contra estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que viajaban en un autobús secuestrado para realizar acciones de protesta por un nuevo aniversario del 2 de octubre del 68.
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