- Al negar la libertad a acusada de ultrajes, la jueza Mónica Segovia justificó que la inconstitucionalidad dictada por la Corte sigue sin ser oficial
Carlos Caiceros - Corresponsal - La Silla Rota Veracruz
Al centro Adriana Vichi Cruz, exjefa de la Unidad de Género de la Fiscalía. Izquierda Inés Romero, titular del PJE, y derecha Verónica Hernández, fiscal de Veracruz.
Dos días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó al Congreso de Veracruz la declaratoria de inconstitucionalidad al delito de ultrajes a la autoridad y ordenara su aplicación retroactiva inmediata para las personas detenidas bajo estos cargos, la jueza de control Mónica Segovia Jácome y la Fiscalía General del Estado evitaron que una extrabajadora de la propia FGE obtuviera su libertad por sobreseimiento.
Incluso, un día antes de aquel 4 de marzo de 2022 que se realizó una audiencia de revisión de medida cautelar, se llevó a cabo una sesión en el Congreso del Estado, donde la Permanente "se dio por enterada", del mandato del máximo tribunal judicial del país, que con el oficio 1972/2022 enviado en fecha 2 de marzo, cerró oficialmente la determinación.
Pero eso de nada sirvió, pues al término de la audiencia la jueza Segovia Jácome determinó que Adriana Vichi Cruz, exjefa de la Unidad de Género de la Fiscalía, debería pasar un año más en la cárcel. Dicha determinación podría dar pie a una denuncia en su contra "por abuso de autoridad".
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