- El Gobierno no pudo evitar el voto de los jueces a favor de una fórmula más costosa para el cálculo de las prestaciones por jubilación
El gobierno argentino ha recibido un doble bofetón judicial: económico por un lado, político por otro. La Corte Suprema de Justicia da la razón a un jubilado que reclamaba que su pensión se calculara y actualizara de forma distinta a la establecida por la Administración Nacional de la Seguridad Social. La sentencia beneficiará a un mínimo de 100.000 pensionistas que decidieron pleitear y supondrá un coste adicional para las arcas públicas. El fallo tiene también una lectura política: el tribunal demuestra que su sintonía con el gobierno es mucho menor de lo que pensaban en la Casa Rosada.
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