Mariano Ruiz Funes - El Financiero
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 (PEF), aprobado por la Cámara de Diputados, se ha definido como “redistributivo”, “orientado al desarrollo social” y/o “asistencialista”. El proyecto que envió el Ejecutivo fue sujeto de severas críticas y protestas por los recortes a recursos y programas vinculados con universidades, cultura, medio ambiente y al sector agropecuario, entre otros, lo que requirió que el Legislativo hiciera modificaciones: desde inventarse ingresos adicionales por una supuesta eficiencia recaudatoria, de poco más de $23 mil millones de pesos, hasta reasignaciones por cerca de $40 mil millones para corregir los “errores de dedo”, que implicaron reducir los presupuestos al Poder Judicial y a varios de los organismos autónomos, así como al pago de adeudos fiscales de ejercicios anteriores (Adefas). Los saldos: reducción de gasto en programas y dependencias para acomodar las prioridades y promesas de campaña, como era lógico que ocurriera; restricciones al Poder Judicial y a las instituciones fuera del control gubernamental lo que, como se señaló en este espacio, minará su autonomía; y posposición de pagos a proveedores del gobierno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario