Raymundo Riva Palacio - El Financiero
Esto sucedió en Xalapa la noche del 17 de octubre. Cinco días antes Javier Duarte solicitó licencia como gobernador de Veracruz, e iniciaba abiertamente la persecución de quien hoy es un prófugo de la justicia. Los administradores de los 12 hospitales de la red de la Secretaría de Salud estatal, al mando del secretario Fernando Benítez Obeso –enfrentado con el secretario federal del ramo, José Narro–, fueron convocados de emergencia al día siguiente. Ningún teléfono celular fue permitido en esa reunión, lo que generó inquietud. Peor cuando, de acuerdo con personas que narraron ese encuentro, quien presidía la junta era Luisa Ángela Soto Maldonado, dirigente de la Sección 26 del Sindicato de Salud, y represente de la FSTSE. Incondicional del líder nacional de burócratas, Joel Ayala, y a quien en agosto el defenestrado Duarte había llamado “mi hermana”. Soto Maldonado habló abiertamente con los funcionarios para plantearles una operación que, de investigarse, podría ser un nuevo caso de corrupción por cuando menos 20 millones de pesos. La líder sindical no cubrió ninguna apariencia. Debió sentirse segura, pues este sábado, si no sucede nada excepcional, tendrá fuero como diputada plurinominal del PRI.
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