El titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Ricardo García Guzmán, debió haber inhabilitado de la función pública a su hijo, el actual diputado local Rodrigo García Escalante, porque ocupó el cargo de director de Inversiones Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) sin contar con título ni cédula profesional.
De igual forma, el propio contralor debería haberse sancionado a sí mismo por haber habilitado a su ahora jefe de asesores, Miguel Ángel Gómez Malagón, quien enfrentaba una sanción de dos años inhabilitado para la función pública por permitir prescribir la sanción a servidores públicos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario