- La nueva norma exige a los empresarios con negocios con la Administración una declaración patrimonial y fiscal, que no será obligatoria para los funcionarios públicos
El apoyo de la patronal mexicana a la iniciativa ciudadana para regenerar las leyes anticorrupción ha tenido un efecto boomerang. La pretensión de elevar los niveles de transparencia y rendición de cuentas para los funcionarios públicos fue limada por la mayoría priista en el Senado, que aprobó el pasado miércoles un texto sin filo, diluyendo la ambiciosa propuesta conocida como ley 3 de 3. La clase política contara con sólidos escudos de protección contra la exigencia de publicar su patrimonio, su declaración de impuestos y su relación con el mundo empresarial como antídoto frente al fantasma de los conflictos de interés. Serán los empresarios, sin embargo, los que se verán sometidos a este escrutinio profundo cuando crucen sus negocios con la Administración. La medida ha provocado un fuerte malestar en el mundo empresarial.
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