Adrián Lajous / La Jornada
El régimen petrolero mexicano
–legislación, regulación, reglas explícitas e implícitas del juego,
instituciones– se agotó. Desde hace tiempo su desempeño ha sido pobre y
ha logrado sobrevivir, con cierta dificultad, gracias a la generosidad
de la naturaleza. Ahora, un cambio fundamental del régimen es
imperativo. No es suficiente ajustarlo o, en cierto sentido,
restaurarlo. Pero un cambio de régimen es un proceso que tarda, quizás
unos 10 años. Por esa razón es necesario iniciarlo ya. Pasar de un
régimen de monopolio estatal a uno de competencia y participación
privada va mucho más allá de un cambio legislativo. Es necesario
modernizar y fortalecer a un Pemex capaz de competir, crear nuevas
instituciones y hacerlas operar, refundar otras más y garantizar su
credibilidad, para que puedan hacer cumplir las nuevas reglas del juego.
Lograrlo requiere recursos humanos calificados, recursos financieros
sustanciales y, sobre todo, tiempo. Va a ser necesario diseñar e
instrumentar nuevas políticas y estrategias públicas, así como nuevos
marcos regulatorios. Deberá también construirse un nuevo consenso
respecto al papel que jugará cada uno de los agentes económicos que
participan en esta industria y definir con precisión los límites de su
campo de acción. Se trata de establecer nuevas formas de intervención
estatal, así como desarrollar mercados competitivos de productos.
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