Si el Estado mexicano no contempla un lugar primordial para lo que solíamos denominar política económica, entonces las acciones y las decisiones quedan al amparo del o de los mercados, de alguna burocracia bien implantada en los corredores del poder, que ayer solía tener su matriz en la Secretaría de Hacienda, o bien en los salones de juntas y conspiración de alguna(s) corporaciones trasnacionales cuyos intereses no buscan mejoras para el país y su maltrecha economía.
Entender a la política económica como un curso, expresamente vinculado con otros procesos deliberativos propios de los estados democráticos, es misión ineludible de los gobiernos, grupos y personas comprometidos con los criterios democráticos. En esta materia no hay espacio, o no debería haberlo, para dirigentes o agrupaciones poseedores de verdades indiscutibles, capaces, además, de generar extraños consensos “pasivos”.
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