Por: Irasema Andrés Dagnini - El Economista
La coyuntura económica transita entre señales encontradas y presiones estructurales de marcada relevancia. Mientras el discurso oficial intenta matizar los riesgos, la lectura de los evaluadores internacionales y la contundencia de las métricas fiscales envían alertas insoslayables.
La decisión de HR Ratings de reducir la calificación crediticia soberana de la deuda de México de BBB+ a BBB no debe interpretarse como una simple fluctuación técnica. La calificadora pone el dedo en la llaga sobre el deterioro del balance fiscal, la rigidez del gasto público y el menor margen de maniobra para hacer frente a choques exógenos.
Las implicaciones de este recorte son profundas, eleva la prima de riesgo del país, encarece el costo financiero del servicio de la deuda gubernamental y del financiamiento para las empresas mexicanas que acuden a los mercados internacionales. En términos llanos, menor calificación significa destinar una mayor proporción del presupuesto público al pago de intereses, desplazando la inversión productiva e infraestructura que el país requiere con urgencia.
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