- El partido oficialista cierra filas contra la “injerencia política” desde Washington, que da rienda suelta a la especulación y alienta las acusaciones del PAN de corrupción
Elena San José - México - El País
Estados Unidos ha apretado el acelerador en su política de retirada de visas y esta semana se ha cobrado el permiso de una de las piezas clave de la política mexicana. La cancelación del documento migratorio de Andy López Beltrán no es una más de las 175.000 que ha ejecutado Donald Trump desde que volvió a la Casa Blanca, es un golpe sin precedentes al corazón de Morena y un mensaje para todos los políticos del partido de la presidenta, Claudia Sheinbaum: nadie en la cúpula oficialista se salva de la vigilancia, ni siquiera el hijo y heredero del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La supresión de la autorización de entrada no implica ningún tipo de acusación, pero el silencio total de las autoridades estadounidenses y el contexto en el que se produce dan rienda suelta a la especulación y alientan la narrativa de la oposición, que ha avivado las acusaciones de corrupción contra el Gobierno. La esfera morenista, a cambio, ha acusado al Ejecutivo del norte de “injerencia política” y ha cerrado filas en torno a su antiguo secretario de Organización, que desveló la nueva medida en una dura carta dirigida al propio Trump.
“No lo están pidiendo extraditado ni están diciendo que tenga vínculos [con el narcotráfico]. Estados Unidos lo utiliza como arma de presión, como los aranceles. Es una forma de decir que el Gobierno mexicano no está haciendo lo suficiente en el tema de la ‘narcopolítica’ y una manera muy fuerte de decir: ‘Les estamos pisando los talones”, apunta la internacionalista Pía Taracena, de la Universidad Iberoamericana. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, manifestó hace unos días en una entrevista con Newsmax que “la seguridad en los visados se traduce en seguridad en las fronteras”. Las visas son solo una herramienta más en su cruzada contra el narcotráfico y la migración, y una que no requiere intervención ni autorización de ningún otro Gobierno, pues es prerrogativa de cada Estado. “Son un privilegio, no un derecho”, enfatizó en ese sentido Pigott. México solo puede sentarse y mirar.
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