Sergio Aguayo - El Siglo de Durango
Para atacar a las organizaciones criminales transnacionales de América Latina, el presidente Donald Trump reformó leyes y modificó las prioridades de un buen número de dependencias. Con ese marco, comento el ataque de Washington contra el pacto de impunidad entre criminales, políticos y empresarios mexicanos comparando los casos del empresario Alfonso Romo y del político Rubén Rocha.
La ofensiva contra el empresariado mexicano inició con un memorándum del Departamento de Justicia del 5 de febrero de 2025. Uno de los puntos más importantes es que los pagos hechos por una empresa a grupos criminales dejan de ser parte de los costos naturales de una empresa que opera en México, para convertirse en "transferencias de recursos" punibles ante la ley de Estados Unidos. No importa si fue una decisión voluntaria o impuesta con el cañón de un cuerno de chivo.
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