Salvador García Soto - Sepientes y Escaleras
Las acusaciones que hoy tienen en la cárcel a Ángel Aguirre Rivero, por haber ocultado información y evidencias sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace casi 12 años no son nuevas ni las acaba de descubrir la Fiscalía General de la República. Lo que la fiscal, Ernestina Godoy, cita como “testimonios de personas colaboradoras” que acusan al exgobernador de Guerrero de desaparecer videos y evidencias que involucraban al gobierno municipal de Iguala, se conocen desde 2014 y ya desde entonces el extinto Cisen había investigado y documentado una relación sentimental por la que Aguirre protegía a María de los Ángeles Pineda y a su esposo, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Lo único que hizo la fiscal Godoy, como uno más de sus servicios a la apurada y presionada presidenta Claudia Sheinbaum, fue desenterrar acusaciones y expedientes, ahora puestos en boca de presuntos “testigos colaboradores”, para acusar penalmente al protegido Ángel Aguirre Rivero, que en el momento de la tragedia de Iguala, logró salir impune por dos poderosas razones: porque el gobierno de Enrique Peña Nieto no se atrevió a acusarlo, a pesar de tener la misma información y evidencias que hoy se citan como nuevas, y porque también Aguirre contaba con vínculos y relaciones con Andrés Manuel López Obrador, que fue quien, junto con Marcelo Ebrard, lo acogió y lo postuló a su segunda gubernatura por el PRD.
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