Carlos Ramírez - El Independiente
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El señalamiento de la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde de que la designación del general Mérida había sido responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional no fue de mutuo proprio sino el último mensaje mafioso del gobernador defenestrado Rubén Rocha Moya, su jefe político como sustituta. El mensaje se puede articular el lenguaje el crimen organizado:
–Si caigo yo, caen todos.
La decisión de designar a militares en activo o retirados encargos de seguridad pública estatales y municipales fue parte de la estrategia del presidente López Obrador para mantener el control de los acuerdos pactados con los cárteles en el contexto del modelo de “abrazos, no balazos” que había determinado una propuesta realmente muy de fondo: la pax narca o gobernanza criminal, que era el acuerdo formal del Estado con el crimen organizado para que “se portarán bien”, lo que el lenguaje político querría decir que podrían desarrollar sus operaciones delictivas siempre y cuando contribuyeran a acuerdos entre los grupos en pugna para disminuir la criminalidad y elevar la gobernanza bajo la responsabilidad del crimen organizado.
En términos estrictos, la decisión presidencial era la nueva estrategia de seguridad. Si los grupos en pugna acordaban llevar la fiesta en paz y mantenían el control y la estabilidad de su territorio, de modo natural habría un efecto desdramatizador en las cifras de homicidios que habían producido las guerras entre cárteles y bandas como consecuencia de la declaración de hostilidades decretada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa a unos cuántos días de haber asumido la presidencia de la República, en diciembre de 2006.
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