Mario Maldonado - Diario de Chiapas
La actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el caso de Rubén Rocha Moya era previsible y es jurídicamente sustentable. Frente a una solicitud de detención con fines de extradición promovida en días recientes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, una investigación abierta en la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos criminales y actos de corrupción que alcanza al gobernador con licencia de Sinaloa y a nueve funcionarios y exfuncionarios de su entorno, y los convenios de cooperación e intercambio de información financiera que México mantiene con agencias estadounidenses, la inacción habría resultado más cuestionable que la medida precautoria.
La UIF actuó dentro de sus atribuciones legales, como lo permite el marco normativo cuando existen indicios suficientes para prevenir movimientos de recursos potencialmente vinculados con actividades ilícitas.Relaciones internacionales México
El punto central, sin embargo, no es sólo Rocha Moya. Lo que comienza a delinearse es el regreso de una UIF con iniciativa operativa, con peso dentro del aparato de seguridad y con capacidad para intervenir en expedientes de políticos. Durante casi cuatro años en los que estuvo al frente Pablo Gómez, la institución perdió protagonismo y dejó de desempeñar el papel que le corresponde en el combate al lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento de organizaciones criminales. La UIF pasó de ser un actor central en investigaciones de alto impacto a una oficina con presencia marginal, sin la fuerza institucional que exige el momento que vive el país en materia de seguridad y control financiero.
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