Julio Agudo - El Economista
La entrega voluntaria a las autoridades estadounidenses del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, ambos del gobierno de Sinaloa, por el presunto delito de conspiración internacional para importar y distribuir estupefacientes en la unión americana, está desmoronando a la cúpula del poder obradorista.
Al sometimiento voluntario de dos de los exfuncionarios del gobierno de Sinaloa se sumó el fulminante congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
La velocidad con que la que se está desintegrando la estructura política sinaloense no tiene precedentes en la historia moderna de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. En cuestión de horas, el “proceso” de Sinaloa - orquestado desde los tribunales de Nueva York- pasó de las filtraciones periodísticas a un terremoto judicial fulminante.
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